¿Qué son las ICO?
Las Initial Coin Offerings (ICO) son un mecanismo de financiamiento colectivo en el que se emiten tokens o criptomonedas con el objetivo de recaudar fondos para un proyecto. Estas ofertas iniciales se han convertido en una herramienta popular para proyectos relacionados con contratos inteligentes y DAOs (Organizaciones Autónomas Descentralizadas).
¿Por qué son importantes las ICO?
El surgimiento de las ICO ha generado una gran dinámica de inversiones a nivel mundial. La posibilidad de invertir en proyectos innovadores y a bajo costo ha atraído a muchos inversionistas. Sin embargo, la falta de regulación y la incertidumbre sobre su legalidad han generado un debate en el ámbito financiero.
¿Qué dice la legislación colombiana sobre las ICO?
Riesgos Penales
La legalidad de las ICO en Colombia depende en gran medida de la naturaleza jurídica de sus unidades de valor interno, los tokens. Hasta la fecha, estos no han sido declarados valor por los reguladores colombianos y, por lo tanto, las ICO tampoco han podido ser declaradas mecanismo legal de captación de valores.
Además, ante la falta de regulación, los participantes en ICOs pueden estar expuestos a cometer el delito penal de captación masiva y habitual de dineros, según el artículo 316 del Código Penal colombiano.
Responsabilidades del regulador
El profesor Daniel Echevarría considera que es un deber de la Superintendencia Financiera (SFC) regular las ICO, teniendo en cuenta los objetivos y criterios de intervención establecidos en la Ley 964 de 2005. Este marco legal señala la protección de los derechos de los inversionistas, el fomento del desarrollo y eficiencia del mercado de valores, la prevención y manejo del riesgo sistémico, el impulso a la innovación y nuevas tecnologías, y la evitación de arbitrajes regulatorios.
Alternativas regulatorias
Ante el reto de solucionar el estatus jurídico de las ICO en Colombia, la SFC tiene varias alternativas, según Echevarría. Estas incluyen la prohibición de las ICO, la definición eventual de los tokens como valores, la alerta a los inversionistas sobre los riesgos asociados, o la opción de no pronunciarse y esperar más información antes de tomar una decisión regulatoria.